Las eléctricas aplican
una tarifa por el alquiler de los equipos de medida que la ley sólo permite si
están integrados en un sistema de telegestión. La asociación ha presentado una
batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras.
FACUA.org
España - 06/11/2014
España - 06/11/2014
Cada usuario afectado
paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de
contadores inteligentes que no lo son en absoluto.
FACUA-Consumidores en
Acción ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales
distribuidoras eléctricas que operan en España por irregularidades en las
tarifas aplicadas en el alquiler de los nuevos contadores.
La asociación reclama
a las autoridades competentes que impongan a las eléctricas la devolución de
decenas de millones de euros cobrados de más a los usuarios al aplicarles
tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de
telegestión.
Las compañías están
cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota
mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) euros que según la normativa sólo puede
aplicarse si los equipos ofrecen unas prestaciones de las que en la actualidad
carecen. La cuota es un 50% más elevada que la establecida para las
instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA).
A final de 2014, el
Ministerio de Industria prevé que habrá ya 9,5 millones de nuevos contadores
instalados, el 35% del total. Partiendo de esta cifra, FACUA alerta de que las
eléctricas facturarían ilegalmente a los usuarios nada menos que 37,24 millones
de euros anuales.
Cada usuario afectado
paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de
contadores inteligentes que
no lo son en absoluto.
No cumplen los
requisitos de la legislación eléctrica
La legislación del
sector eléctrico obliga al sector a sustituir todos los contadores con potencia
contratada de hasta 15 kW por equipos que "deberán estar integrados en un sistema de telegestión y
telemedida implantado por el encargado de la lectura correspondiente" (artículo
9.8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto).
FACUA advierte de que
los millones de contadores que se han sustituido hasta la fecha no cumplen los
requisitos obligatorios de integración en el sistema que deben permitir a los
consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota
y la disponibilidad de información referente a su consumo. Datos que les
facilitarían adoptar medidas para un gasto más eficiente y derivarían en una
reducción de sus facturas.
Sin embargo, las
eléctricas están facturando a los usuarios la tarifa por el alquiler de los
nuevos contadores que según la normativa sólo puede aplicarse si cumplen los
requisitos de integración en el sistema de telegestión y telemedida.
Trato discriminatorio
frente a los usuarios con los antiguos contadores
Con ello, en los
hogares donde se han instalado los nuevos equipos de medida, los usuarios están
sufriendo un trato discriminatorio con respecto a los que siguen contando con
los antiguos, al pagar una tarifa muy superior sin que ello implique el acceso
a servicios adicionales.
FACUA señala en sus
denuncias que estas prácticas rompen el principio de no discriminación
establecido en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad. La normativa comunitaria ha sido
traspueta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del sector eléctrico, cuyo artículo 44.i impone el derecho de los
usuarios a "ser
suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no
discriminatorios".
Cláusula abusiva
Al cobrar un alquiler
más caro por los nuevos equipos instalados pese a no estar integrados en el
sistema por parte de las distribuidoras, FACUA considera que las eléctricas
incurren en una cláusula abusiva.
La asociación apela al
artículo 87.5 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que
considera abusiva cualquier estipulación "que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente
usados o consumidos".
CNMC, Aecosan y
autoridades autonómicas de consumo
Las denuncias han sido
presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y
las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades
autónomas.
Las empresas
denunciadas por FACUA son Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa
Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico
Distribución (EDP HC Energía) y E.On Distribución.
